domingo,07 mayo, 2023
SP4 es una empresa de seguridad catalana que cuenta con más de cuatrocientas personas trabajadoras y es una de las empresas líderes en eventos en Cataluña debido a los años de experiencia que tiene en el sector y a su personal que esta altamente cualificado. SP4 se unió mediante concurso voluntario a un ramillete de empresas del sector de seguridad que dejaron de operar en el mismo generando deudas y desempleo es decir las bien llamadas empresas piratas, los cuales, es
preocupante que haya empresas del sector que subsistan con nula o escasa solvencia económica y cuya estrategia conlleva aplazamientos con seguridad social y hacienda con el ánimo de seguir compitiendo a precios bajos hasta que posteriormente presentan concursos voluntarios dejando deudas y desempleo en nuestro país2. Ante este paradigma aparece UGT que ha vuelto a poner de manifiesto en estos días de atrás su preocupación ante un tejido empresarial instaurado en el sector de la seguridad denominado empresas con pies de barro o como ya hemos dicho empresas piratas. En los últimos meses queda aún más en evidencia un número importante de empresas del sector que subsisten en el mismo con nula o escasa solvencia económica y cuya estrategia conlleva aplazamientos con seguridad social y hacienda siempre con el ánimo de seguir compitiendo a precios bajos hasta que posteriormente presentan concursos voluntarios dejando deudas y desempleo en nuestro país.
Según declaraciones realizadas por Diego Giráldez que es el responsable estatal de seguridad privada de UGT, dice que “determinadas empresas pretenden iniciar procedimiento de descuelgues del convenio sectorial con la única intención de reducir costes vulnerando condiciones económicas para las personas trabajadoras del sector de seguridad privada y pretendiendo potenciar un sector cada vez más basado en la precariedad laboral y en la morosidad empresarial en lugar de articular elementos de calidad de servicios y de puesta en valor de la profesión de la seguridad privada en nuestro país”.
La falta de responsabilidad solidaria por parte de las administraciones públicas en el conjunto del territorio nacional como cómplices necesarios de adjudicaciones de servicios de seguridad a determinadas empresas que aumentan la precariedad laboral, mantienen deudas con seguridad social y hacienda y son compensadas con dinero público por parte de las administraciones de nuestro país mediante la adjudicación de contratos millonarios es lamentable.
Se están barajando iniciativas como comprobar la solvencia real de las empresas, revisar la ley de contratos del sector público, abordar la necesidad de cambio en la ley de desindexación, así como revisar la directiva europea sobre la sucesión de empresas que conjuntamente con las administraciones públicas y con la necesaria participación del Gobierno, deben cambiar el modelo de seguridad.
